En la misma resolución, la magistrada impuso a los imputados Antonio y Maribel Espaillat una combinación de medidas de coerción que incluyen la prohibición de salida del país, presentación periódica y una garantía económica conjunta de 100 millones de pesos, una de las más elevadas impuestas en la historia judicial reciente por un caso de homicidio involuntario.
La resolución núm. 0670-2025-SMDC-01177, de más de 90 páginas, fue emitida el 18 de junio de 2025, luego de una audiencia.
En ella, la jueza valoró la magnitud de la tragedia, el número de víctimas y la complejidad probatoria, acogiendo en parte la solicitud del Ministerio Público y en parte los argumentos de la defensa.
“Se impone declarar el caso como complejo, en virtud del elevado número de víctimas, la pluralidad de hechos punibles y la necesidad de realizar múltiples peritajes técnicos y entrevistas a testigos dispersos geográficamente”, señala la resolución.
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