La Junta Central Electoral (JCE) tiene en desarrollo varios procesos vitales para el montaje de las elecciones de 2024 como la captación de instructores para la formación del personal electoral, ya definió la conformación de 58 juntas electorales y avanza en la composición de las cien restantes. Al mismo tiempo tiene en agenda aprobar varios reglamentos como el de la doble afiliación y el procedimiento administrativo para sancionar los delitos electorales.
Mediante la resolución
019-2022, la JCE modificó la composición de varias juntas electorales luego de las impugnaciones que hicieron tres partidos políticos a 34 de las 58 que el pleno había integrado. Luego de la revisión, a solicitud del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), la JCE hizo las modificaciones y ahora trabaja en conjunto con los partidos políticos, las cien restantes.
Los integrantes de esas 58 juntas tienen que tomar un entrenamiento obligatorio según lo dispuesto por la JCE en la resolución 019-2022.
Esta semana se vence el plazo que tiene la comisión que elabora una propuesta de votación, escrutinio y transmisión de los resultados de las votaciones de las elecciones para presentar un plan consensuado con los partidos políticos.
La comisión está integrada por el director de Elecciones, Mario Núñez; el director de Informática, Johnny Marcelo Rivera y la directora de Partidos Políticos, Lenis García. En la resolución del pleno de la JCE se otorgó un plazo máximo de dos meses a esa comisión para que presente una propuesta consensuada con los partidos políticos, pero se extendió una semana más.
Esa comisión ya realizó una reunión técnica con los partidos políticos para discutir la propuesta tecnológica para el conteo de los votos. Concluido ese proceso, el pleno de la JCE informó que realizará una audiencia pública con los partidos políticos para aprobar el modelo de votación, escrutinio y transmisión definitivo que se usará en las primarias de los partidos políticos a partir de octubre del 2023 y las elecciones de febrero y mayo del 2024. Los partidos también están a la espera de la designación de los subdirectores del departamento de Informática, que están contemplados en la reestructuración de ese departamento que presentó el pleno de la JCE.
Los retrasos en el montaje de las elecciones podrían venir por el impacto de la modificación de las leyes electorales pendientes de aprobación.
Captación de instructores
La JCE convocó a un concurso que cierra el 22 de agosto para contratar al equipo docente para instruir al personal que trabajará en las elecciones del 2024. El concurso está dirigido a profesionales del derecho y afines, ciencias políticas, ingeniería y matemática.
Los requisitos son presentar título universitario, preferiblemente con maestría, contar con experiencia docente, contar con la recomendación de una institución reconocida del municipio, tener 30 años de edad cumplidos y con experiencia electoral, preferiblemente.
Los lugares de recepción de documentos son las juntas electorales de cada municipio donde residen los postulantes. También pueden llenar las solicitudes a través de la página web de la JCE.
Para las elecciones del año 2020, fueron habilitados 16 mil 001 colegios electorales en el país y mil 99 en el exterior. La JCE contrató más de 80 mil personas solo para trabajar en los centros de votación del país y 5 mil 495 en el exterior.
Vence plazo para opinar reglamento de sanción
El pasado viernes venció el plazo que la JCE otorgó a los partidos para que opinen sobre el reglamento de procedimiento administrativo para sancionar los delitos electorales. El objetivo de ese instrumento es además poner en funcionamiento la unidad de atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones con ocasión de las infracciones administrativas electorales, penalidades y medidas cautelares que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral y la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Según la propuesta, esa instancia tendrá un encargado y los subencargados que determine el pleno, y que sean necesarios para el adecuado funcionamiento y ejecución del régimen administrativo sancionador electoral, conforme al volumen, naturaleza y complejidad de casos. Esa unidad tendrá nueve atribuciones entre las que se destacan recabar las pruebas que sean necesarias con ocasión de las infracciones administrativas electorales, para someterlas a la consideración del pleno, a fin de que adopte la decisión que corresponda. También llevar un registro actualizado de todos los casos relativos a infracciones administrativas electorales, sanciones y medidas cautelares.
