República Dominicana ha logrado un crecimiento económico sostenido que la posiciona hoy como la novena economía del continente americano y la séptima de América Latina, un logro que debe llenarnos de orgullo como nación, especialmente si consideramos que somos una media isla que ha sabido superar desafíos históricos. Nuestro país avanza a un ritmo acelerado, compitiendo con naciones de gran extensión territorial y mayor cantidad de recursos naturales.
Sin embargo, este avance plantea un gran desafío: seguir creciendo mientras reducimos las brechas de pobreza y desigualdad que aún persisten. No podemos mirar hacia otro lado ni olvidar a generaciones de dominicanos que, por edad o falta de escolaridad, han quedado rezagadas del progreso. El Estado tiene la obligación moral y social de tenderles la mano, de ofrecer oportunidades y de garantizar condiciones mínimas de bienestar.
Basta mirar a naciones desarrolladas como Estados Unidos o México, que destinan miles de millones de sus presupuestos a programas sociales, conscientes de que la inversión en la gente es la base del desarrollo sostenible. En nuestro caso, los programas sociales han sido una herramienta vital para mejorar la calidad de vida de millones de familias dominicanas.
Sorprende, entonces, que sectores de la oposición política parezcan desconocer el impacto positivo de estas políticas. Mientras se plantea una discusión legítima sobre la indexación salarial —que debe realizarse para fortalecer el ingreso de la clase media y trabajadora—, resulta incongruente proponerla a costa de reducir las ayudas sociales que benefician a cerca de cinco millones de dominicanos.
Programas como la Tarjeta Supérate, los Bonos Luz, Gas, Escolar, Madre, de Emergencia y Navideño, así como las raciones alimenticias, los comedores económicos, el transporte estudiantil o las pensiones solidarias, representan la diferencia entre la dignidad y la desesperanza para miles de hogares. Reducir estos beneficios sería un golpe directo a los sectores más vulnerables del país.
El senador Omar Fernández, por ejemplo, plantea una posición que refleja una visión parcial de la realidad socioeconómica nacional. ¿Por qué no discutir también una revisión de los subsidios y exenciones fiscales que benefician a ciertos sectores empresariales que ya cumplieron su rol? ¿Por qué proponer ajustes solo del lado de los pobres y no de quienes más tienen?
La indexación salarial es necesaria, sí, pero no puede hacerse a contrapelo del bienestar social. No se trata de oponerse a mejorar los salarios, sino de hacerlo sin sacrificar los programas que sostienen a millones de dominicanos. Como dice el pueblo, podemos quitar el clavo sin romper la tabla.
Jugar con las ayudas sociales es jugar con la estabilidad y la paz de nuestro país. Protegerlas no es populismo; es justicia social. Y en una República Dominicana que crece y avanza, el desarrollo solo tendrá sentido si nadie se queda atrás.
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