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| Senadores votan durante la sesión de ayer. |
El Senado declaró de urgencia y aprobó ayer, en dos lecturas
consecutivas, el proyecto de Ley de Regulación Salarial del Estado que
establece un sueldo de RD$450 mil al Presidente de la República.La
pieza, aprobada a unanimidad, contempla además RD$400 mil para los
presidentes de las Cámaras Legislativas, Suprema Corte de Justicia,
vicepresidente de la República y Tribunal Constitucional. Asimismo,
RD$375 mil para los presidentes del Tribunal Superior Electoral y la
Junta Central Electoral; RD$350 mil para el presidente de la Cámara de
Cuentas; los ministros, el Procurador General de la República, Consultor
Jurídico del Poder Ejecutivo y el Contralor de la República podrán
ganar RD$300 mil y RD$250 mil para el Defensor del Pueblo.
El proyecto, ampliamente debatido, no contempló los salarios del Banco Central, pero sí estableció que después de ser promulgada la ley será revisada en un plazo de dos años.
El presidente de la Cámara Alta, Reinaldo Pared Pérez, y el senador por San Pedro de Macorís, José María Sosa, sometieron la pieza original con las modificaciones realizadas por el Ministerio de Administración Pública (MAP), el cual inicialmente establecía un salario de RD$500 mil para los presidentes de los tres poderes del Estado.
Discusiones
Durante la sesión, el legislador Julio César Valentín respaldó las modificaciones introducidas por Pared Pérez. Dijo que el nuevo proyecto corregirá distorsiones existentes en el Estado. Al insistir en que algunos funcionarios ganan como “jeques árabes”, sostuvo que “muchos de los que quebrantan el mandato otorgado por el pueblo y la confianza del Presidente de la República, quienes son capaces de incrementarse los sueldos incontables de veces y además, tienen la cachaza de irse con pensiones exorbitantes”.
“Este Senado enviará un mensaje porque representa un Estado que va camino a la modernización”, afirmó.
Pared Pérez calificó el proyecto como constitucional. Dijo que aunque algunos mencionan el capítulo 225 de la Carta Magna, que establece la independencia financiera que instituye el Banco Central, “si vamos a diferentes artículos de la Constitución, vamos a ver que hay capítulos que establecen autonomías al Poder Ejecutivo, aal Ministerio Público, al Tribunal Constitucional y a otras dependencias”.
El proyecto, ampliamente debatido, no contempló los salarios del Banco Central, pero sí estableció que después de ser promulgada la ley será revisada en un plazo de dos años.
El presidente de la Cámara Alta, Reinaldo Pared Pérez, y el senador por San Pedro de Macorís, José María Sosa, sometieron la pieza original con las modificaciones realizadas por el Ministerio de Administración Pública (MAP), el cual inicialmente establecía un salario de RD$500 mil para los presidentes de los tres poderes del Estado.
Discusiones
Durante la sesión, el legislador Julio César Valentín respaldó las modificaciones introducidas por Pared Pérez. Dijo que el nuevo proyecto corregirá distorsiones existentes en el Estado. Al insistir en que algunos funcionarios ganan como “jeques árabes”, sostuvo que “muchos de los que quebrantan el mandato otorgado por el pueblo y la confianza del Presidente de la República, quienes son capaces de incrementarse los sueldos incontables de veces y además, tienen la cachaza de irse con pensiones exorbitantes”.
“Este Senado enviará un mensaje porque representa un Estado que va camino a la modernización”, afirmó.
Pared Pérez calificó el proyecto como constitucional. Dijo que aunque algunos mencionan el capítulo 225 de la Carta Magna, que establece la independencia financiera que instituye el Banco Central, “si vamos a diferentes artículos de la Constitución, vamos a ver que hay capítulos que establecen autonomías al Poder Ejecutivo, aal Ministerio Público, al Tribunal Constitucional y a otras dependencias”.
Senadores defienden calidad de salami y pacas
Asimismo, durante una discusión en la asamblea, los senadores Charlie
Mariotti, Luis René Canaán y Amílcar Romero defendieron la calidad del
salami que se produce en el país. Por otro lado, los legisladores
fronterizos Sonia Mateo y Manuel Paula rechazaron la medida de la
Dirección General de Aduanas que prohíbe la entrada de ropas usadas al
país. Consideran el mandato como “criminal” y afecta a miles de
ciudadanos que viven del negocio.
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