En el audiovisual Martínez explica que luego de difundir la información fue que se percató que era falsa y por esa razón le expresa sus disculpas al magistrado.
Luego de que Ángel Martínez, difundiera la falsa información, el fiscal Natanael Frías, aclaró que se trataba de un proceso en el cual un italiano residente en el municipio de Las Terrenas de nombre Maximiliano Natiano, había interpuesto una querella contra otro italiano de nombre Bryan Wiedner Soler y los dominicanos José María Andrés Espinal (a) Chema, Leury Jael Matías Ávila, Lynn Morgan y Brayan Moya a quienes acusaba de haberlos estafados mediante criptomonedas, pero en dicha investigación el fiscal al verificar las pruebas aportadas por las partes, se determinó que el querellado conocía los riesgos de la plataforma en que decidió invertir.
Asimismo, se señaló que al este estar consciente de esto no se consumaba la estafa, por lo que, rechazó dicha querella y al estar inconforme con la decisión del fiscal decidió acudir a Angel Martínez, para difamarlo y este último infirió en decir que el fiscal habría acordado con los supuestos estafadores para engañar al querellante.
En los últimos días Martínez también le ha pedido disculpas a otras personalidades a las cuales acusaba de cosas que hoy alega no conocía su veracidad.
De igual manera, contra el también comunicador que reside en Estados Unidos, varios tribunales han dictado diferentes medidas de coerción tras ser demandado por personas que se han sentido afectada por sus declaraciones.
Esta misma semana, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso medidas de coerción en su contra por su vinculación a delitos cibernéticos cometidos en perjuicio de Milagros Marina De Camps Germán.
Las medidas dispuestas por el juez Deiby Timoteo Peguero consisten en una garantía económica, mediante contrato, de tres millones de pesos dominicanos (RD$3,000,000), impedimento de salida del país y presentación periódica.
La Decisión judicial se basó en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, a través del Departamento de Investigaciones de Propiedad Intelectual y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional.
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