SANTO DOMINGO. El Presidente de la JCE, en medio de serios cuestionamientos, elogió anoche el civismo electoral de los dominicanos, en una alocución poco feliz, en que quiso parecer Presidente de la República, sin responder uno solo de los cuestionamientos que han sido presentados a través de los medios por partidos políticos y ciudadanos.
Destacó el uso de 15,339 unidades de transmisión, de las cuales 3,700 no se pudieron instalar, que costaron más de USD$ 32 millones de dólares, unos $1,500 millones de pesos que ya no tienen uso hasta dentro de 4 años, cuando desde luego que ya estarán obsoletas: era más conveniente alquilarlas. Ese gasto fue un soberano desperdicio de dinero, pues al final, ni siquiera se utilizaron por poco confiables.
Esperábamos que hablara de la renuncia de los 3,527 técnicos, cuyos nombres nunca han sido suministrado y de la que no se conoce el motivo: esa renuncia empieza ha ingresado al terreno de la fábula o al de la auto conspiración.
Que la oposición se queje, sucede con frecuencia, empero que sus quejas se sustenten en actas mal llenadas, en mayor cantidad de votantes que electores en los colegios, en suplantación de firmas, en firmas de actas en blanco y en descuadres inexplicables, requiere de una explicación mejor del órgano que organizó evidentemente mal el torneo electoral.
Que el Presidente de la JCE, salga al país con que en la tarde del día de las elecciones, una oposición débil, dividida y sin un solo engranaje de poder complotara en contra del proceso, es risible: nadie deseaba el caos. Solo algunos en la JCE deslucieron el proceso.
Roberto Rosario levanta un monumento a la falacia cuando dice que “la falta de leyes impidió a la JCE establecer límites razonables a; financiamiento, publicidad y propaganda”, olvidando que el artículo 212 párrafo IV de la Constitución dispone que “la JCE velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y LIMITES EN LOS GASTOS de campaña, así como también el acceso equitativo a los medios de comunicación”.
La JCE no necesitaba una ley para ejecutar el mandato que la Constitución le da, puesto que la Norma Sustantiva, en el mismo artículo también le faculta para reglamentar todo lo relativo al proceso electoral: en esa afirmación, también mintió.
La penosa comparecencia del Dr. Roberto Rosario, constituyó otra burla al ciudadano y un gasto adicional en compra de espacio, innecesario para satisfacer el ego, de este funcionario de pésimo desempeño en sus funciones.
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